Así lo señalaron durante la inauguración de la jornada ‘Empleados públicos con discapacidad: apoyos para una inclusión efectiva’, organizada por CERMI y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F).

 

Durante la mesa redonda ‘La visión de los empleados públicos con discapacidad’, la directora de la Oficina de Atención a la Discapacidad, María Luisa Peña, relató su acceso y trayectoria en la Administración Pública y destacó como ámbitos de mejora, la formación para empleados públicos con discapacidad, especialmente en materias como el inglés; la ausencia de adaptaciones en los puestos de trabajo; la necesidad de presencia de empleados públicos con discapacidad en los tribunales examinadores; la imposibilidad de acogerse a la jubilación anticipada; o las dificultades en el acceso a puestos de libre designación.

 

Asimismo, el secretario general del IMSERSO, Francisco Alfonso Ferrándiz, contó también su experiencia como empleado público con discapacidad sensorial y aseguró que en el ámbito de la selección los avances cuantitativos son “evidentes”, aunque a nivel comparado con otros países como Reino Unido “tenemos mucho margen de mejora”.

 

La mayor dificultad, en su opinión, está en el acceso de las personas con discapacidad a los grupos superiores “por la tensión entre el tipo de prueba y la forma de acreditar los conocimientos” y ha lamentado que “a los tribunales de selección se les obligue a entrar en campos en los que no están formados”.

 

Desde su punto de vista, “no se trata solo de incorporar personas con discapacidad sino que una vez dentro de la Administración se debe asegurar la empleabilidad de las personas con discapacidad y garantizar el desarrollo de su carrera profesional sin barreras por su discapacidad”.

 

 

En esta línea, Inma Mazón, empleada pública de la Escuela Oficial de Idiomas de Madrid explicó que el pasado año 2013 la Consejería de Educación suprimió la ayuda que recibía mediante un profesor de apoyo que se encargaba de lo que ella no puede hacer, como firmar actas o corregir redacciones.

 

La Administración, según señaló, le propuso que fuera ella misma quien pagase un profesor de apoyo, que se cambiara de puesto a otro en el que no necesitase ayuda, o una posible jubilación. “Esta es la realidad de los empleados públicos con discapacidad: no hay voluntad, ni integración ni adaptación”, puntualizó.

 

Así, aseguró que decidió llevar a juicio a la Administración y la Justicia le ha dado la razón, ya que, insistió, “la ley obliga a las administraciones públicas a establecer los apoyos pertinentes”.

 

Mazón ha denunciado que desde 2004 “a personas con carrera universitaria y título del Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP) se les pida un certificado de compatibilidad de su discapacidad con las tareas a desarrollar en el puesto de trabajo” y “no se cumpla la preferencia de destino de la persona con discapacidad”.

 

Por su parte, la doctora en Medicina Carmen Sánchez se refirió al déficit de formación para las personas con discapacidad en el ámbito público, o las barreras físicas y sensoriales en el acceso al puesto de trabajo y en el mismo entorno laboral.

 

Asimismo, subrayó el acoso en el puesto de trabajo, una situación que sufre un 10% de los ciudadanos, como un problema también entre las personas con discapacidad por sus circunstancias específicas y para paliar esta situación ha apostado por la prevención y la elaboración de estudios en este ámbito.

 

 

Óscar Moral, asesor jurídico del CERMI, realizó un análisis de las denuncias de empleados públicos con discapacidad llegadas al CERMI y señaló que es necesario incidir en aspectos como el alejamiento de los centros base del nuevo paradigma de la discapacidad.

 

También señaló que las quejas no son solo relativas al acceso al empleo público, sino que al CERMI llegan muchas cuestiones relativas al desempeño profesional en el marco de la carrera profesional de las personas con discapacidad una vez dentro de la Administración.

 

Para Enrique Silvestre, gerente del INAP, quien se refirió a la ‘Gestión de apoyos y ajustes razonables para empleados públicos con discapacidad’, el sistema actual excluye a las personas con discapacidad, no es igualitario en términos económicos ni inclusivo en términos sociales”.

 

Entre otros déficits, señaló la ausencia de información a las personas con discapacidad, el hecho de que las personas con discapacidad intelectual tengan que realizar las mismas pruebas que el resto, o que España sea el único país de las Unión Europea con un sistema de selección a la función pública basado en el conocimiento.

 

La posición singular de los militares y guardias civiles con discapacidad también se abordó durante la jornada. En esta línea, Andrés Medina, presidente de la Asociación de Militares y Guardias Civiles con Discapacidad (ACIME) subrayó la necesidad de que el Ministerio de Defensa “comience a implementar en sus normas las leyes relativas a la discapacidad”, la unificación de criterios en el ámbito de la discapacidad militar y la elaboración de estadísticas en este ámbito.

 

Asimismo, la especificidad en el acceso y la permanencia de personas con discapacidad intelectual al empleo público también tuvo cabida en esta jornada de la mano de Silvia Muñoz, responsable del Programa de Empleo Público de FEAPS, quien subrayó que este colectivo “tiene muchos problemas a la hora de realizar su trabajo una vez que accede al puesto” y apostó por implementar recursos como la figura del preparador laboral para mejorar la adaptación al puesto de trabajo.

 

Durante la clausura, la directora Ejecutiva del CERMI, Pilar Villarino, puso en valor la colaboración entre la Administración y el movimiento asociativo de la discapacidad en este ámbito, algo que “está dando sus frutos”, afirmó.

 

Finalmente, Carmen Sánchez, directora general de la Función Pública, apostó por “seguir evaluando y denunciando el no cumplimiento de las normativas relativas al empleo público en el ámbito de la discapacidad”, en aspectos como la preferencia de destino, el acceso a la función pública, la accesibilidad al entorno laboral, o la reducción de la edad de jubilación para el colectivo. “La inclusión supone un enriquecimiento cultural y social, hay que luchar contra la desigualdad y no contra la diversidad”, finalizó.